Establece el deber de protección del patrimonio cultural y natural. Este artículo, junto con los artículos 79, 80 y 95 numeral 8, configura la 'constitución ecológica' colombiana. La Corte Constitucional ha reconocido derechos a entidades naturales como el río Atrato (Sentencia T-622 de 2016), siguiendo tendencias del constitucionalismo ambiental latinoamericano.