Establece el principio de legalidad y la responsabilidad diferenciada entre particulares y servidores públicos. Mientras los particulares actúan bajo el principio de libertad (lo no prohibido está permitido), los servidores públicos operan bajo el principio de competencia reglada (sólo pueden hacer lo que les está expresamente autorizado). La omisión como causa de responsabilidad es particularmente relevante para los derechos prestacionales.